Diversos intelectuales y activistas sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela firmaron un manifiesto, escrito en español, portugués, italiano, francés, inglés y alemán, criticando la adopción por parte de la Unión Europea, de la Directiva de Retorno. Esa medida criminaliza a los inmigrantes que se encuentran de manera irregular en Europa.

Entre los manifestantes, se encuentran: el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; el activista social brasilero del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST), Joao Pedro Stedile; la médica cubana Aleida Guevarra; el profesor estadounidense Noam Chomsky; el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo; el escritor uruguayo Eduardo Galeano; el subcomandante Marcos, de México.

En el documento, ellos recuerdan que algunos de sus antepasados vinieron de Europa, siendo recibidos con generosidad. Critican la nueva ley europea, dictada por la creciente crisis económica, que castiga como delito la libre circulación de las personas, "que es un derecho consagrado por la legislación internacional desde hace ya unos cuantos años."

"¡Esto nada tiene de raro, porque desde siempre los trabajadores extranjeros son los chivos emisarios, los culpables de las crisis de un sistema que los usa mientras los necesita y luego los arroja al tarro de la basura! ¡Nada tiene de raro, pero mucho tiene de infame!", afirman.

El presidente de la Asamblea Constituyente, Fernando Cordero, afirmó hoy que la nueva Carta Magna establece un cambio radical de las estructuras de poder de Ecuador.

“Estamos pasando del estado social de derecho a un estado constitucional, social y democrático de derechos, en plural, porque eso va a ser nuestro país”, resaltó Cordero en el sitio digital Ecuadorinmediato.com/radio.

A partir de ahora nos sentimos interculturales, “porque hemos aceptado que tenemos un pasado diverso, que tenemos raíces que están más allá de nuestro mestizaje, y un país en el que la libertad está a prueba de todo”, destacó.

“Estamos saliendo del estado social de derecha”, recalcó al reiterar que se avecina un cambio político si la nueva Carta Política es ratificada por la ciudadanía en el referéndum del 28 de septiembre próximo.

El 'Cartel de los sapos' se llama la serie que tiene a la policía y su comandante, Óscar 'cocaína' Naranjo, más que 'molestos' porque allí lo que se pinta es una verdadera radiografía del narcotráfico y su estrechísima ligazón con la policía -y con los militares, y se ve el inmenso croar de los batracios de la Casa de Nariño.

Y no es para menos. La telenovela -y su libro fuente- muestran cómo actúa el narcotráfico. Cómo la DEA, políticos, etc, etc, se alían con los narcotraficantes por los narco-dólares y cómo financian el paramilitarismo con los dineros del narcotráfico, que prueba una verdad dicha desde hace muchos años en ANNCOL: En Colombia no hay paramilitares, hay es narco-paramilitares.

Y los años de referencia fue ya iniciada la cacería de Pablo Escobar, mas podría ser cualquier tiempo. Pero lo que no pudo prever el autor del libro -narcotraficante de verdad, ya pagadas sus culpas en USAmérica mas no en Colombia- es que el cerebro del mal diseñaría un plan para tomarse todo el estado, no sólo a la policía y los políticos. Claro que el 'cerebro del mal' ya no está para verlo. La DEA mató a "Don" Pablo. Pero ahí quedan sus herederos.

Ahí está Álvaro Uribe Vélez. Gobernador, alcalde, senador -propuso la no extradicción-, y por cobardía de la oligarquía tradicional, lo llevaron hasta la presidencia para que les peleara la pelea que debían pelear ellos.

Ni en el sonado juicio de Nürenberg se alcanzó a ejercer una justicia plena pues si bien se juzgó a algunos jerarcas del fascismo, los grandes responsables y usufructuarios del Tercer Reich (los más destacados capitalistas alemanes) y cientos de miles de ejecutores de crímenes atroces salieron indemnes y no faltó quien luego apareciera como destacado “demócrata” en la nueva Alemania. Frank Joseph Strauss es uno de los casos más notorios sin duda, pero ciertamente no el único.

Tampoco fue justicia plena porque los jueces se limitaron a juzgar a los vencidos pero exoneraron de toda responsabilidad a los responsables de otros crímenes, cometidos esta vez en nombre de la democracia y la libertad. En efecto, las tropas aliadas bombardearon indiscriminadamente a la población civil y cometieron mil tropelías que aparecen claramente tipificadas como crímenes de guerra.

Se utilizó la bomba atómica contra la población indefensa de Hiroshima y Nagasaki y sus autores no solo no fueron juzgados por ello sino que se convirtieron en héroes casi míticos, en un ejercicio de obnubilación colectiva muy similar al que afectó a la población japonesa que mayoritariamente pensaba lo mismo del ejército nipón, a pesar de su comportamiento salvaje.

Nunca se sometió a juicio a los responsables de las guerras imperialistas ni menos aún se juzgó a los colonialistas por sus crímenes de lesa humanidad. Tampoco existe hoy iniciativa alguna para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de las actuales guerras neocoloniales en Africa y Asia ni a los promotores de las dictaduras latinoamericanas. En todo caso, se juzga a responsables menores y –como en Nürenberg- se exonera discretamente a los verdaderos culpables.

El 24 de julio se cumplen 33 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, la maniobra de guerra sicológica que la DINA bautizó como “Operación Colombo”, pero sólo en seis de los 119 casos de desapariciones los criminales cumplen una pena ya confirmada por la Corte Suprema.

En estos procesos, la justicia únicamente ha dictado sentencias definitivas en los casos de secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; el estudiante de filosofía Jorge Espinosa Méndez (todos ellos militantes del MIR), y el secundario Mario Carrasco Díaz, socialista.

En el caso de Espinosa el único sentenciado es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión; en los otros casos citados, los fallos implican además al ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras y a su plana mayor.

Hay otros tres casos de la Operación Colombo en que las condenas ya han sido confirmadas por la Corte de Apelaciones, y en cinco de los restantes secuestros se ha emitido un fallo de primera instancia. La Corte Suprema debe pronunciarse próximamente sobre el caso del estudiante de ingeniería Luis Guajardo Zamorano. Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 son para Manuel Contreras.

El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Victor Montiglio, el mismo juez que recientemente procesó a 98 agentes. Pero los procesamientos no siempre culminan en una sentencia.

La patria, ese concepto envilecido por gamonales y demagogos, es, como lo dijera un latino, la casa, el hogar. O a lo poeta: la infancia. O a lo urbanista sensible: la patria es la calle en que crecimos. O el barrio. Sé que un secuestrado no tiene patria, le horadan su dignidad, es más triste que un esclavo. Habita en la oscuridad y el desamparo.

Justo y necesario gritar contra el secuestro y reclamar libertad. Pueden ser los primeros pasos para adquirir conciencia civil, para armarse con un bagaje que permita luchar por los derechos, por la dignidad y contra cualquier colonialismo.

Contra las imposiciones y el pensamiento único. Contra la falta de respeto por el adversario ideológico. No sé si las marchas, que a veces dan la impresión de propaganda oficial, de camuflaje de intereses privados, estén abriendo un camino hacia la protesta por asuntos también fundamentales.

De ser así, estaríamos rompiendo con esa resignada tendencia de aceptar todos los males, de ser irreflexivos ante el poder, de ser el permanente 'rebaño desconcertado'. ¿Acaso las marchas del 20 de julio serán el comienzo de una sociedad plural, capaz de indignarse contra todos los atropellos?, ¿serán acaso el principio de la aplicación de la razón?

La Unión Norteamericana para las Libertades Civiles (ACLU) acusó hoy al fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, de violar la Constitución al intentar legalizar el estatus de los prisioneros acusados de terrorismo.

Mukasey propuso al Congreso subvertir el derecho de hábeas corpus con un nuevo esquema de procedimientos para esconder las torturas autorizadas por la administración de George W. Bush, señaló a la prensa Caroline Fredrickson, dirigente de la ACLU.

Según la activista, el procurador general quiere crear nuevas reglas judiciales para los detenidos en la base naval de Guantánamo, territorio ocupado ilegalmente al sureste de Cuba.

Para Fredrickson, esa acción “minaría la garantía constitucional de proceso debido y ocultaría la tortura sistemática y el abuso a los reclusos”.

El secretario de Justicia trata de extender de forma indefinida la autoproclamada guerra contra el terrorismo, agregó.

Angélica Aparecida de Souza Teodoro, de 18 años, madre de un hijo de dos años, estudió sólo el 1º grado. Trabaja como empleada doméstica, pero estaba desempleada, al caer presa, en noviembre, en un mercadito de Jardim dos Ipés, en São Paulo, acusada de robar una lata de manteca marca Aviación, de 200 gramos, con un valor de $l.40. Fue llevada al Distrito de Policía nº 59, conocido como Prisión de los Pinos; el delegado Marco Aurelio Bolzoni fue quien dio la orden de prisión.

Por sustraer mercancía por valor de 1.40 dólares Angélica pasó en la cárcel la Navidad, el Año Nuevo y el Carnaval, pues el Tribunal de Justicia de São Paulo, al analizar el pedido de la defensa de la doméstica, no le hizo mucho caso. Angélica fue liberada el 23 de marzo, más de cuatro meses después, gracias a un oficio del ministro Paulo Gallotti, del Tribunal Superior de Justicia, en Brasilia.

El Brasil y su Justicia parecen estar cabeza abajo. Hay una inversión total de valores y de criterios. Un publicista acaba de dirigirse al público declarando haber recibido, vía segunda caja, más de 3 millones de dólares en una cuenta clandestina en el exterior, y por eso mismo queda protegido por derechos que le fueron garantizados por el TSJ, reaccionando con mofa a las preguntas de los parlamentarios encargados de investigar corrupciones.

Un publicista de Minas Gerais hizo préstamos multimillonarios al tesorero de un partido político, sin revelar el origen de los recursos, pero que iban destinados al soborno de diputados federales, y quedó igual.

Un diputado federal, cesado después de ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, estafó por $ 3 mil al propietario de un restaurante y nadie dio la orden de encarcelamiento.

Vale la pena repasar la crónica de los acontecimientos. El año pasado el entonces presidente argentino Néstor Kirchner creyó hacer una hábil maniobra y “puentear” a su conflictivo partido peronista, cooptando dirigentes de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista, que le sirvieron para reforzar la mayoría electoral que eligió presidenta a su esposa y para controlar algunas provincias.

Como estaba seguro de tener mayoría en ambas cámaras del Congreso y no le atribuía ningún papel a éste –la asignación y distribución de fondos públicos había sido delegada al Ejecutivo y éste gobernaba emitiendo decretos–, Kirchner ni pensó en que el Congreso podría ser obligado a dirimir una cuestión política importante.

Ya en el gobierno su esposa Cristina Fernández, Kirchner intentó controlar a su partido y dejó a su suerte a esos “transversales” K socialistas o radicales expulsados, como el vicepresidente Cobos. Pero para disputarle el Partido Justicialista se coaligaron todas las derechas peronistas.

La cosa no era muy grave, aunque el ex presidente Duhalde se apoya en un tejido mafioso (policía, droga, clientelismo político) en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de San Luis tiene una fuerte base clientelar al igual que el de Córdoba y los ex gobernadores menemistas mantienen sus aparatos policiales.

Esta es una historia que pone al descubierto la manera en que la CIA opera en Bolivia, donde se estima que tiene la segunda base más importante en América Latina después de México, y que coloca en evidencia la fragilidad de los órganos de seguridad del Estado.

¿Hola?, necesito hablar con el viceministro Puente por favor. La decena de intentos no dieron resultado y el segundo del Ministerio de Gobierno no pudo ser hallado por el desesperado funcionario.

¡No, no puede ser. Yo necesito trabajar, ayudo a muchos de mi familia. Esta es una injusticia!, le dijo afligido el mismo funcionario a la Directora de Migración que a principios de febrero de 2006 se hizo de esa institución pública.

José Luís Miranda Butrón había sido despedido luego de trabajar cerca de 10 años ininterrumpidos en el área de sistemas de la Dirección Nacional de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno.

El arrebato del funcionario, que oficialmente ocupaba una función sin mayor jerarquía en una estrecha oficina de cuatro por cuatro y compartida con otras tres personas, no tenía relación alguna con el temor al desempleo y a perder una cantidad de ingresos, estimados en ese momento en 250 dólares mensuales.