La decisión del Consejo Superior del Ministerio Público Estatal (MPE) de Rio Grande do Sul de pedir en un informe la “disolución” del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y la “declaración de su ilegalidad” no tiene consistencia jurídica. Los especialistas creen que la medida, además de atentar contra la Constitución Federal, es política y no judicial.

Según el jurista Dalmo Dallari, profesor de derecho de la Universidad de São Paulo (USP), “es sorprendente que el Consejo Superior del MP haya aprobado una propuesta de esas. El aspecto jurídico fue completamente olvidado”, señala. . En el documento del MPE, el funcionario Gilberto Thums afirma: “Voto también en el sentido de que se tomen las siguientes medidas admisibles:

1 – Con vista a la suspensión de las marchas, columnas u otros desplazamientos masivos de los sin-tierra....”.

Derecho constitucional

Para Dalmo Dallari, la afirmación de Thums no tiene sustento jurídico, “porque los integrantes del MST tienen el derecho de locomoción garantizado por la Constitución”. Según él, el Movimiento es “la agrupación de personas en el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación de opinión”.

El informe del Ministerio Público sirvió de base para ocho acciones judiciales contra integrantes del MST, como prohibiciones de marchas, autorización de desalojos y desplazamiento de campamentos.

Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.

Apenas el pasado 4 de junio el gastado guión volvió a repetirse. Sólo que ahora la amenaza es mayor que en el pasado. En esa fecha más de 200 elementos del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de la policía estatal y municipal, con el rostro pintado, incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. Centenares de pobladores de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras.

Los poblados zapatistas prohíben la siembra, el tráfico y el consumo de drogas. Ni siquiera se permite beber o vender alcohol en ellos. No es un hecho nuevo. Desde el inicio del levantamiento armado la comandancia rebelde hizo pública esta disposición. La medida sigue en vigor con las autoridades civiles que se hacen cargo de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. No sucede lo mismo con las comunidades priístas, donde se cultivan enervantes en contubernio con la fuerza pública.

En un comunicado dirigido al entonces presidente Ernesto Zedillo, con fecha 10 de febrero de 1995, un día después de la ofensiva militar que pretendió detener, por medio de una traición, al subcomandante Marcos, los alzados señalaron: “queremos decirle la verdad, si es que usted no la sabe: los delincuentes, terroristas, narcotraficantes son ustedes, son los mismos que forman su gabinete, son sus mismos soldados quienes trafican con drogas, quienes obligan a los campesinos indígenas a sembrar mariguana y otros estupefacientes.

20 años de difusión, contrainformació n y solidaridad activa por una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, sin opresores ni oprimidos. Por el socialismo y la libertad, con el protagonismo social que haga realidad la autodeterminació n de los fines y la autogestión de los medios.

Junio 2008

Uruguay: Nunca más! ( ni menos!)
19 de junio de 2008

A las organizaciones sociales y al pueblo trabajador:

Los abajo firmantes, militantes que en las décadas de los 60 y 70 asumimos el camino de la violencia revolucionaria en el Uruguay, queremos expresar nuestra posición sobre lo que el presidente Vázquez denomina camino del "Nunca Más".

Los orígenes de la violencia en el Uruguay fueron consecuencia del estancamiento productivo, las crisis financieras, el subempleo, la miseria de vastos sectores populares, la avaricia de la clase dominante y la incapacidad de los políticos de turno (blancos y colorados) que decidieron hacer del Uruguay un país dependiente de los capitales extranjeros, instrumentado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

“No vamos a acumular para disputar el poder sólo por el camino institucional”

El hombre va por la ruta en su camioneta y para en un puesto de peaje. Paga y le pregunta al empleado: “¿sabes a dónde va este dinero?”, el empleado se sorprende y apenas logra balbucear un tímido “no”. El conductor lo reta: “¡te estoy dando dinero y no sabes a dónde va a parar!”. Pone primera y les explica a sus acompañantes: “campaña ideológica permanente”.

El hombre en cuestión es Joao Pedro Stédile, animal político, miembro desde hace años de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, uno los máximos referentes de la organización más grande de América Latina y de la Vía Campesina. Verborrágico y con gran sentido del humor, Stédile puntualiza en una charla con Prensa De Frente los desafíos que se plantean en esta coyuntura, las dificultades para construir herramientas de unidad y la relación entre movimientos sociales e instrumentos políticos.

Brasil vivió un período de crecimiento y avances de las luchas populares a fines de los ´70 y durante los ´80, que incluyó el surgimiento del Movimiento Sin Tierra, de la CUT (Central Única de Trabajadores) y de la Unión Nacional de Estudiantes, entre otros, y que tuvo en el plano político como expresión central al Partido de los Trabajadores (PT).

Stédile explica que “desde el ´89, con la derrota político electoral del proyecto democrático-popular que el PT encarnaba en manos del neoliberalismo, estamos en un largo proceso de descenso del movimiento de masas.

Y al mismo tiempo, un período en el que el capital tiene absoluta hegemonía en la economía y en el Estado. En ese contexto es que se dio la elección del gobierno Lula, que fue una victoria contra el neoliberalismo puro pero que no consiguió alterar la correlación de fuerzas”.

El predio denominado “BANDA DE ARRIBA”, distante, aproximadamente dos kilómetros de la cuidad de cafayate, se mantiene ocupado por mas de trescientas familias, quienes se reivindican, de los pueblos originarios Calchaquies, y en consecuencia reclaman sus derechos ancestrales de dichos territorios.

El predio de mas de 14 hectareas, fueron repartidas en cuatrocientos lotes, diseñando los espacios para plaza publica, y otras entidades comunales. Por sectores se realizaron asambleas y fueron elegidos unos doces delegados, que representa a la comunidad ocupante.Tales tierras se conocen desde hace tiempo como “tierras fiscales” o sean tierras de propiedad del estado provincial, a tal punto que así lo afirma públicamente la senadora provincial por Cafayate Dra. Silvina Vargas.

Sin embargo el intendente afirmo que tales tierras son de propiedad privada.

El movimiento social, es en Cafayate inédito y lo fue sorprendente, surgido espontáneamente, de una momento a otro, pero el antecedente es de que estas familias- en su mayoría jóvenes- provienen efectivamente de familias ancestrales Calchaquies, despojados de sus tierras por el colonialismo español y luego por las oligarquías criollas y finamente en estos tiempos por la pujante e inescrupulosa nueva burguesía salteña.

Hace años que gobierno tras gobiernos vienen pidiendo la entrega de estas u otras tierras para construir sus viviendas, ya que en Cafayate, su tierra natal son realmente parias.El detonante, fue que se enteraron que estos parajes abandonados de años empezaron a alambrarse `por una empresa cuyo titular seria el Sr. Lávaque, nuevo terrateniente, a la vez yerno del actual senador nacional JUAN CARLOS ROMERO, a tal punto que son varios kilómetros que acampan, con la disposición de no moverse más.

Manifiesto Por la Libertad de Expresión y la Libertad de Elena Varela

Estimados amigos y amigas,requerimos apoyen y adhieran al Manifiesto por la Libertad de Elena y en general por la libertad de expresión y creación. La situación de ella es seria, su hija de 16 años y su familia la necesitan en libertad. Sus materiales de investigación estan en serio peligro de deterioro.

Mañana, cineastas, documentalistas y ciudadanos en general, nos juntaremos en Tribunales de Justicia, en calle Compañia, entre Morandé y Bandera a las 13.00 en punto, para exigir su libertad y que se respete nuestro derecho a informar, crear y manifestarnos por lo que pensamos.Es necesario pronunciarse ahora. A los amigos y amigas que ya lo hicieron, gracias.

Se solicita Acción URGENTE -

Adhesión al Manifiesto Por la Libertad de Expresión y la Libertad de Elena Varela
chokokuedocumental@gmail.com

A personas naturales, profesionales, instituciones y organizaciones.

El próximo viernes 27 de junio se cumplen 35 años de la disolución del Parlamento y el inicio de la histórica huelga general con que los trabajadores y el pueblo uruguayo enfrentaron el golpe de estado.

El Golpe de Estado dirigido por Juan María Bordaberry y los políticos contestes a él se llevó a cabo en un momento histórico del Uruguay en que cuarteles y dependencias policiales eran bautizadas diariamente con la sangre de cientos de ciudadanas y ciudadanos torturados y eran inauguradas cárceles de máxima seguridad para los miles de Presas y Presos políticos procesados ya por la justicia militar.

El Golpe de Estado con la activa participación de las Fuerzas Armadas y de los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales fue la respuesta institucional de la clase dominante, aliada y lacaya del imperialismo norteamericano, para frenar el proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores y de los sectores populares. Fue la estrategia para, a sangre y fuego, imponer un nuevo orden político y económico que facilitó la consolidación de un modelo económico-financiero al servicio del capital internacional y de la cual venimos sufriendo las gravísimas consecuencias.

La Violencia de Estado expresada en diversas formas y con diferentes intensidades fue empleada por los sectores más poderosos del Uruguay durante el siglo XIX y el mismo siglo XX para dificultar, frenar e impedir la organización de los trabajadores y el surgimiento de los sindicatos. Fue empleada muchísimas veces a lo largo de todo el siglo XX para enfrentar las huelgas y los conflictos obreros, para reprimir sus manifestaciones y la difusión de sus aspiraciones y reclamos en Montevideo pero también en el interior del país.

Extranjerización de mas tierra y desamparo a pequeños productores nacionales. Esto no es lo que esperábamos de este gobierno “Dicen y argumentan miles de cosas, pero concretamente no resuelven los problemas que tiene la gente en el campo”* “Le dan una limosna a la gente con los planes de emergencia pero ¿porque no le enseñan a trabajar a la gente y la apoyan así no tienen que gastar en milicos, en cuarteles, en balas”* “Acá tenemos 80 hectáreas y podemos empezar a trabajar 28 hectáreas*

Se cumple un mes de la ocupación de tierras en Kiyu Por Héctor Vicente
Mientras en el país continua el proceso de extranjerizacion de la tierra, miles de aspirantes a colonos siguen esperando que el organismo estatal creado para atender sus reclamos les entregue un pedazo de tierra donde afincarse y producir.

Promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y la mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural, fueron desde el momento de su creación en 1948 objetivos del Instituto Nacional de Colonización.

La actual realidad nacional en este aspecto dista bastante del cumplimiento de estos enunciados.

A pocos kilómetros de la capital del país, y ante las infructuosas gestiones realizadas en distintas reparticiones estatales, un grupo de aspirantes a colonos de Libertad, en el Departamento de San José, decidieron ocupar tierras que durante años permanecieron improductivas.

1.- Miembros, adultos y jóvenes, de las comunidades mapuche del sector Choque / LLeu-LLeu, anunciamos que hemos comenzado un proceso de recuperación de tierras ancestrales a partir del día 24 de Junio del 2008. Cuya reivindicación total es de aproximadamente 10.000 has.

2.- Que este proceso se inicia con la ocupación del Fundo Puntilla de Tranaquepe, perteneciente a Forestal Mininco (600 has. Aprox.), y el Fundo El Canelo de Forestal Volterra (800 has. Aprox.).

3.- Informamos que este proceso se viene desarrollando, desde hace tiempo, a través de sucesivos ingresos a los predios que ha incluido la ocupación productiva de estos durante meses.

3.- Que a su vez, rechazamos con fuerza, la militarización de las distintas zonas en conflicto, que en el caso de nuestra reivindicación territorial incluye la instalación de un campamento de Fuerzas Especiales de Carabineros en el Sector Las Huellas.

"El camino es arduo, la lucha continúa. Lo importante es seguir caminando y no permitir que nos arrodillen."

En Abril de 2002 un grupo de personas conforma el primer grupo de desocupados de Guernica (Municipalidad Presidente Perón). Comienzan organizando un comedor infantil.

A dos días de la primera asamblea en la estación de Glew se suma Maximiliano Kosteki (asesinado el 26 de Junio de 2002 por la represión policial, en un corte de puente Pueyrredón), quien construye el primer horno de barro, donde se hace el pan.

Los guisos se cocinan a leña y comienzan a construir nuevas formas de relacionarse en base a otros valores en como el valor de la vida humana, la educación, la libertad en oposición a los valores impuestos por el sistema capitalista. Se trabaja sobre todo con los niños y jóvenes que serán los constructores de sus propias vidas y de un posible cambio en la sociedad.

Desde entonces han recorrido un camino en el que por medio del trabajo cotidiano y la lucha en las calles por las legitimas exigencias de justicia y dignidad construyen un espacio de autonomía y cambio social.