Entre los manifestantes, se encuentran: el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; el activista social brasilero del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST), Joao Pedro Stedile; la médica cubana Aleida Guevarra; el profesor estadounidense Noam Chomsky; el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo; el escritor uruguayo Eduardo Galeano; el subcomandante Marcos, de México.

En el documento, ellos recuerdan que algunos de sus antepasados vinieron de Europa, siendo recibidos con generosidad. Critican la nueva ley europea, dictada por la creciente crisis económica, que castiga como delito la libre circulación de las personas, "que es un derecho consagrado por la legislación internacional desde hace ya unos cuantos años."

"¡Esto nada tiene de raro, porque desde siempre los trabajadores extranjeros son los chivos emisarios, los culpables de las crisis de un sistema que los usa mientras los necesita y luego los arroja al tarro de la basura! ¡Nada tiene de raro, pero mucho tiene de infame!", afirman.

De acuerdo con el texto del manifiesto, ese olvido no es inocente e impide que Europa se dé cuenta de que no sería Europa sin la mano de obra barata venida desde afuera y sin las riquezas que el mundo entero les dio: "Europa no sería Europa sin la matanza de los indígenas de las Américas y sin la esclavitud de los hijos del África".

"Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, en lugar de imponer por ley, la cacería y el castigo de los trabajadores inmigrantes, que allí llegan expulsados por el hambre y por las guerras que los amos del mundo les imponen, en sus países de origen", finalizan.

Marcos Terena

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“Estamos pasando del estado social de derecho a un estado constitucional, social y democrático de derechos, en plural, porque eso va a ser nuestro país”, resaltó Cordero en el sitio digital Ecuadorinmediato.com/radio.

A partir de ahora nos sentimos interculturales, “porque hemos aceptado que tenemos un pasado diverso, que tenemos raíces que están más allá de nuestro mestizaje, y un país en el que la libertad está a prueba de todo”, destacó.

“Estamos saliendo del estado social de derecha”, recalcó al reiterar que se avecina un cambio político si la nueva Carta Política es ratificada por la ciudadanía en el referéndum del 28 de septiembre próximo.

Cordero desestimó asimismo que elaboraran una Constitución hiperpresidencialista, pues aclaró que la Asamblea Nacional (Parlamento) podrá destituir a ministros y también al jefe de Estado mediante juicio político.

Finalmente, ratificó que el viernes próximo será presentada de manera oficial a la ciudadanía el nuevo texto constitucional, cuando se cumplen los ocho meses del plazo otorgado por el pueblo ecuatoriano a los asambleístas en la consulta del 15 de abril último.

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Y no es para menos. La telenovela -y su libro fuente- muestran cómo actúa el narcotráfico. Cómo la DEA, políticos, etc, etc, se alían con los narcotraficantes por los narco-dólares y cómo financian el paramilitarismo con los dineros del narcotráfico, que prueba una verdad dicha desde hace muchos años en ANNCOL: En Colombia no hay paramilitares, hay es narco-paramilitares.

Y los años de referencia fue ya iniciada la cacería de Pablo Escobar, mas podría ser cualquier tiempo. Pero lo que no pudo prever el autor del libro -narcotraficante de verdad, ya pagadas sus culpas en USAmérica mas no en Colombia- es que el cerebro del mal diseñaría un plan para tomarse todo el estado, no sólo a la policía y los políticos. Claro que el 'cerebro del mal' ya no está para verlo. La DEA mató a "Don" Pablo. Pero ahí quedan sus herederos.

Ahí está Álvaro Uribe Vélez. Gobernador, alcalde, senador -propuso la no extradicción-, y por cobardía de la oligarquía tradicional, lo llevaron hasta la presidencia para que les peleara la pelea que debían pelear ellos.

Y ya como 'presidente' se olvidó que cuando era senador era enemigo de la extradición y ha extraditado a más de 600 colombianos, entre ellos a 14 capos del narco-paramilitarismo -quizá con la 'orden' de arreglar cada cual su 'chico' con la Fiscalía USAmericana-, y convirtió ésta en instrumento político con la extradicción de Simón Trinidad, Sonia e Iván.

Pero ese mafioso -y como tal es supremamente mentiroso-, ahora se le da dado por hablar de que "ha llegado el momento de la paz". Cuánta falsedad en su pronunciamiento el 20 de julio -Pobre 20 de julio que quedó desdibujado en su historicidad- si él fue llevado allí para que 'peleara la pelea de la oligarquía'.

Un personaje psicópata, realmente perverso, mal puede hablar de paz si sus pulsiones son precisamente el rencor, el odio visceral que lo mueve contra la insurgencia armada, especialmente las FARC.

De cuál paz hablará Uribhitler y su banda narco-paramilitar -incluyendo a los Santos, JoséObdulio, 'Cloncito' Arias, Ternura, etc. -, ¿será de la paz de los sepulcros, la pax romana? Será la paz de los millares de fosas comunes, de los desaparecidos, y de las sepulturas de los asesinados mediante el 'pistoleteo' y las masacres? ¿lo moverá acaso una pizca de moralidad cuando habla de paz? No, no.

Esa banda, ese 'Cartel de los Sapos', no conoce de sentimientos pacíficos, de sentir la paz. Como mafiosos que son sólo piensan en destruir, matar, matar y más matar. Con ellos ni siquiera se puede hablar de paz porque sería un diálogo asimétrico.

Por un lado la insurgencia armada planteando soluciones a la injusticia de todo tipo que padece Colombia, y por el otro, el 'Cartel de los Sapos', croando, croando, croando frases hueras sobre la paz mientras las fuerzas militares-narcoparamilitares continúan asesinando, masacrando, desplazando, expoliando. Croac, croac, croac!

No, quizá cuando la oligarquía se convenza de la necesidad de realizar diálogos auténticos y serios que conduzcan a la Paz, en ese momento el pueblo -y las FARC ahí- marchará hacia el sitio de realización de esos diálogos, para con su presencia garantizar el cabal cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Acuerdos que conducirán inevitablemente a la Nueva Colombia en paz con justicia social, democracia, pluralismo, libertad, independencia y soberanía nacional. A la cual llegaremos mediante los diálogos o mediante un triunfo popular por la vía que sea y permita la oligarquía -o no-, ya por la vía pacífica ya por la vía no pacífica.

Mientras tanto sólo escucharemos el croar del 'Cartel de los Sapos'. Acompañados de una inmensa 'zoo-ciedad': Gurres, ratas, ratones, hienas, halconzuelos, y 'águilas calvas'.

ALP

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Tampoco fue justicia plena porque los jueces se limitaron a juzgar a los vencidos pero exoneraron de toda responsabilidad a los responsables de otros crímenes, cometidos esta vez en nombre de la democracia y la libertad. En efecto, las tropas aliadas bombardearon indiscriminadamente a la población civil y cometieron mil tropelías que aparecen claramente tipificadas como crímenes de guerra.

Se utilizó la bomba atómica contra la población indefensa de Hiroshima y Nagasaki y sus autores no solo no fueron juzgados por ello sino que se convirtieron en héroes casi míticos, en un ejercicio de obnubilación colectiva muy similar al que afectó a la población japonesa que mayoritariamente pensaba lo mismo del ejército nipón, a pesar de su comportamiento salvaje.

Nunca se sometió a juicio a los responsables de las guerras imperialistas ni menos aún se juzgó a los colonialistas por sus crímenes de lesa humanidad. Tampoco existe hoy iniciativa alguna para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de las actuales guerras neocoloniales en Africa y Asia ni a los promotores de las dictaduras latinoamericanas. En todo caso, se juzga a responsables menores y –como en Nürenberg- se exonera discretamente a los verdaderos culpables.

Las guerras en Asia y Africa, por ejemplo, tienen reconocidos impulsores y beneficiarios. Tras los protagonistas directos, sean éstos dictadores esperpénticos (de esos que hoy se apoyan y mañana de condenan según convenga) o movimientos de pintorescas denominaciones (como el “Ejército de Resistencia del Señor”) están las multinacionales en busca de materias primas y mercados o los gobiernos “democráticos” que quieren asegurarse bases militares y zonas de influencia.

El dictador local y sus huestes son sin duda sujetos menores en estos dramas que arrojan millones de muertos y desplazados, miseria y atraso a quien los padece y enormes ganancias a quien los promueve.

Se enjuicia al dictador, llámese Charles Taylor de Liberia, Slobodan Milosevic de Yugoeslavia o –el caso más reciente- Omar Al Bashir, presidente de Sudán. Pero esos tribunales supuestamente encargados de la justicia internacional se cuidan mucho de acusar a las empresas que financian las guerras o enjuiciar a los gobernantes europeos o estadounidenses que las propician.

América Latina no es la excepción. También aquí la justicia se reduce en el mejor de los casos a condenar a los ejecutores directos mientras la impunidad salva a los responsables verdaderos de guerras y dictaduras. Ni un solo empresario chileno o argentino ha sido juzgado por su responsabilidad directa en los golpes militares y sus consecuencias.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos se reservan a algunos personajes menores o -como en el caso de Augusto Pinochet- se recurre a las excusas más británicas para evitarle molestias al anciano dictador, muerto tranquilamente en su hogar y sepultado con todos los honores. Y en el caso de Brasil, ni siquiera eso; un espeso manto de silencio cubre las responsabilidades de militares y civiles.

Tampoco el señor Kissinger, siniestro artífice de estas dictaduras será llamado jamás a juicio. También morirá tranquilamente y será honrado como gran demócrata y hasta premio Nobel de la paz. Nadie responderá tampoco por los muchos crímenes de Estado en México; ni los de antes con el PRI, ni los de ahora con el PAN.

Esta dura realidad otorga mayor mérito al Tribunal Permanente de los Pueblos reunido entre el 21 y el 23 de julio en Bogotá, en cuyas sesiones se comprobó de nuevo la enorme responsabilidad del Estado colombiano en la comisión de delitos generalizados de lesa humanidad mediante el diseño de un sistema complejo de terror oficial cuya forma actual es el llamado “plan Colombia” y la política de “seguridad democrática” de Uribe Vélez.

Los excesos y delitos cometidos por los insurgentes (incluidos el secuestro, la extorsión de gentes adineradas y las ejecuciones) aunque son igualmente repudiables resultan de modestas dimensiones en comparación con la magnitud del terror oficial y paramilitar.

Este Tribunal Permanente de los Pueblos es tan solo una instancia moral, sucesora del Tribunal que en su día erigió el filósofo y humanista Bertrand Russel poniendo en la picota al gobierno de los Estados Unidos por la guerra en Indochina.

Como éste, sus decisiones no tienen consecuencias legales para los implicados ni constituyen obligaciones para los estados. Sin embargo, contribuyen y mucho a la denuncia y sobre todo a poner en evidencia la hipocresía del llamado Tribunal Penal Internacional que ahora desea enjuiciar al gobernante sudanés.

El Tribunal de los Pueblos no se quedó corto y junto al gobierno colombiano sentó en el banquillo también a conocidas empresas multinacionales, por propiciar y financiar el paramilitarismo, sobradamente conocido por sus crímenes atroces.

En las sesiones del Tribunal han sido juzgadas por su complicidad en el terrorismo de Estado y el paramilitarismo multinacionales tan conocidas como Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, Oxi, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp-Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa- Cartón de Colombia, Multifruits Sa- Del Monte, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, telefónica y TQ3.

La mayor paradoja sin embargo es que la argumentación del fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya contra el presidente sudanés resulta aplicable al mismo Uribe Vélez, ahora tan celebrado y exonerado de todas las acusaciones que pesan sobre él y su gobierno.

En efecto, el fiscal Moreno Ocampo argumenta que Omar Al Bashir debe comparecer ante la justicia porque…”tras la investigación de los crímenes presuntamente cometidos en territorio de Darfur (Sudán), la fiscalía ha concluido que hay bases razonables para pensar que Omar Al Bashir tiene responsabilidad criminal por delitos estipulados en el Estatuto de Roma”.

¿No es acaso similar la situación de Colombia e igual la responsabilidad de sus autoridades?. El fiscal agrega…”La fiscalía no afirma que Bashir cometiera directa o físicamente dichos delitos. La comisión se hizo a través del aparato del Estado, el ejército y las milicias yanyahuid”.

¿No es también aplicable esta acusación a las autoridades colombianas?… Y el fiscal continúa… “(Bashir) creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawua”.

En Colombia ocurre exactamente igual con indígenas y comunidades negras, objetivo prioritario de terratenientes, empresas petroleras y paramilitares, como lo reconocen diversas instituciones internacionales de derechos humanos (incluida la misma ONU).

Por último, los motivos alegados por Moreno Ocampo para acusar a Bashir servirían igualmente para acusar de terror oficial y crímenes de guerra a Uribe Vélez, sus antecesores y sus aliados extranjeros; en efecto, del gobierno colombiano puede igualmente afirmarse que…“Sus motivos eran políticos. Su coartada era la contrainsurgencia. Su intención era el genocidio”.

Solo si Uribe (como Fujimori en Perú) cae en desgracia con los gringos y la oligarquía local que hoy le sostienen, a lo mejor se verá en el futuro sentado en algún banquillo, alegando los mismos olvidos que hoy utiliza para negar sus vínculos con el paramilitarismo, evadir sus responsabilidades en la corrupción generalizada que corroe al país y en la violación de las leyes que juró respetar.

Juan Diego García

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En estos procesos, la justicia únicamente ha dictado sentencias definitivas en los casos de secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; el estudiante de filosofía Jorge Espinosa Méndez (todos ellos militantes del MIR), y el secundario Mario Carrasco Díaz, socialista.

En el caso de Espinosa el único sentenciado es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión; en los otros casos citados, los fallos implican además al ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras y a su plana mayor.

Hay otros tres casos de la Operación Colombo en que las condenas ya han sido confirmadas por la Corte de Apelaciones, y en cinco de los restantes secuestros se ha emitido un fallo de primera instancia. La Corte Suprema debe pronunciarse próximamente sobre el caso del estudiante de ingeniería Luis Guajardo Zamorano. Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 son para Manuel Contreras.

El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Victor Montiglio, el mismo juez que recientemente procesó a 98 agentes. Pero los procesamientos no siempre culminan en una sentencia.

La muerte llegó antes para el ex dictador, frustrando las expectativas de justicia de los chilenos que luchan contra la impunidad. Según fuentes de militares en retiro (“Cruzada por la Reconciliación Nacional”) citadas en el diario El Mercurio del pasado 22 de junio para pedir el fin de los juicios, el total de las sentencias ejecutoriadas en casos de derechos humanos llega a veintidós.

Según ellos, en las más de 300 causas que afectan a uniformados, se han dictado 1.165 procesamientos. Se encuentran en etapa de investigación 269 de estos; y en la fase de acusación y prueba, 6. Han apelado del fallo de primera instancia 14 imputados, y en casación (petición de nulidad de sentencia) se encontrarían 16 casos.

Amnistía y estrategias

La estrategia judicial de los criminales -que utilizan todos los recursos judiciales disponibles en el antiguo sistema penal, l- combinada con la nula voluntad de la Corte Suprema para volver a dar exclusividad en la tarea a los jueces que tramitan causas de derechos humanos, ha funcionado en varios casos como una garantía de impunidad.

El sistema criminal antiguo está vigente para los delitos cometidos antes de la promulgación de la Reforma Procesal Penal.

Durante el año 2007, según denunció en su balance anual la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, los seis tribunales del crimen operativos en Santiago se negaron a recibir nuevas causas, no aceptaron reaperturas de sumarios, ni concedieron desarchivo de causas, porque tenían fecha de vencimiento como tribunales (debido a la reforma) y no podían asumir nuevas tareas, constituyendo el hecho una denegación de justicia.

Es oportuno destacar que 17 de los secuestros de la llamada “Operación Colombo” no cuentan en estos momentos con procesos vigentes, lo que asegura absoluta impunidad a los responsables (casos de la estudiante María Inés Alvarado, del albañil Eduardo Alarcón, del vendedor de frutos Víctor Arévalo, del mecánico Bladimir Arias, la funcionaria de investigaciones Sonia Bustos, el estudiante de biología Luis Fuentes, el contador Néstor Gallardo, el estudiante Jorge Herrera, el activista campesino Ramón Labrador, el estudiante Sergio Lagos H, la secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales Violeta López, el comerciante Juan Maturana, el dirigente sindical Agustín Morales, el funcionario de la salud Germán Moreno, el estudiante de la Universidad Técnica Ramón Núñez, el comerciante de la población La Bandera Gary Olmos, y del estudiante Carlos Salcedo).

Otro mecanismo que dilata la tramitación de las causas ha sido la aplicación por una minoría de jueces de la amnistía, la “cosa juzgada”, la obediencia debida y/o la prescripción.

Así por ejemplo, en los casos vinculados a la Operación Colombo, incluso los primeros procesamientos debieron ser confirmados por la Corte Suprema. En Chile no todos los ministros de Corte respetan y conocen el derecho internacional en derechos humanos, y ha habido contradictorias resoluciones del más alto tribunal que así lo comprueban.

Sólo después de la detención de Pinochet en Londres comenzaron los tribunales chilenos a investigar los casos de detenidos desaparecidos. La deuda de la justicia con la sociedad chilena aún está lejos de saldarse y la impunidad continúa siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, pese a la constante movilización de las organizaciones de derechos humanos.

El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos, conmemora este año el aniversario de la publicación de la lista que mintió sobre el destino final de 100 hombres y 19 mujeres chilenas, con “Video Encuentros” que se realizarán en la ex casa de tortura de calle Londres 38, entre las 18 y 21 horas, los días miércoles 23 de julio (“Evidencias: medios y periodistas al servicio de la represión”), jueves 24 (“Resistiendo con la verdad y el coraje de los que no callan”) y viernes 25 (“La justicia se abre camino: condena ética y social a los cómplices y encubridores”).

El Domingo 27 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Línea Fundadora realizará una romería en la localidad costera de Quintero, donde se cree fueron lanzados al mar desde helicópteros, algunos de los desaparecidos. Allí se levantará un memorial.

Etica y perdón

El Colegio de Periodistas de Chile pidió disculpas este año a los familiares de los caídos en dos montajes publicitarios de la dictadura, la Operación Colombo y Rinconada de Maipú.

Por Colombo se había sancionado ya con censura pública y suspensión temporal de la colegiatura a los ex directores de medios Fernando Díaz Palma, de Las Ultimas Noticias, de la cadena El Mercurio; Alberto Guerrero Espinoza, de La Tercera; y a la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio por las graves faltas a la ética y a la verdad cometidas en 1975.

El Tribunal de Etica que realizó la investigación de estos hechos en 2006, consideró no imputables por fallecimiento a los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda -también de El Mercurio-, Mario Carneyro.

Todos ellos colaboraron con los montajes ideados por la DINA para “informar” en grandes titulares que 100 chilenos y 19 chilenas habían muerto en el exterior, encubriendo así su desaparición y sembrando de paso un terror que aún deja huellas en el inconsciente colectivo de los chilenos que vivieron esa época de titulares escalofriantes: “Exterminados como ratas”, era el encabezado del diario La Segunda del 24 de julio de 1975.

Según declararon los periodistas, el montaje fue obra de Alvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA. En La Segunda firmaba con el seudónimo “Alexis”, pero no era periodista por lo que no fue incluido en las sanciones. Su nombre no ha figurado hasta ahora en ningún procesamiento de la causa.

Las dos listas de muertos reproducidas en la prensa chilena fueron tomadas de los periódicos de edición única “O Dia”, de Curitiba, Brasil, y “Lea”, de Argentina, que atribuían los decesos a choques con las fuerzas de seguridad argentina o a querellas internas.

Era la marcha blanca de la Operación Cóndor, el pacto de ayuda mutua entre las policías de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil ya iniciado. En septiembre de 1974 el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert habían sido asesinados en Buenos Aires por agentes de la DINA en complicidad con la policía argentina.

El ministro Alejandro Solís -el magistrado que dictó la primera sentencia contra el ex director de la DINA Manuel Contreras por el secuestro calificado de uno de los 119, Miguel Angel Sandoval - pronunció recientemente el fallo que condena a cadena perpetua a Contreras por el alevoso crimen del militar constitucionalista.

En el acto en que el Colegio de Periodistas pidió perdón a los familiares, estos valoraron el hecho, criticando que los medios implicados no hayan ofrecido disculpas públicas.

También deploraron que en democracia se haya retomado la práctica de presentar montajes policiales uniformes a través de la prensa y la televisión, para desacreditar las luchas de estudiantes, trabajadores y el pueblo mapuche, y condenar a través de los medios a quienes no tienen voz para presentar sus demandas y denunciar las violaciones actuales a los derechos humanos.

Posteriormente, en el aniversario de la orden profesional, durante una ceremonia que tuvo lugar el pasado viernes 18 de julio, el orador invitado, el vocero de gobierno, ministro Francisco Vidal, fue increpado por jóvenes manifestantes que se levantaron de sus asientos para exigir la libertad de la documentalista Elena Varela, que ha sido objeto de un montaje de este tipo y permanece encarcelada en la cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, enjuiciada con normas de la legislación antiterrorista de tiempos de dictadura.

Vestidos con poleras alusivas, luego de escuchar discursos sobre la ética y la libertad de expresión, clamaron a viva voz: ¡Hasta cuándo arman montajes para castigar a los que luchan!

Sentencias del ministro Solís por los 119

Dos penas impuestas por el juez Alejandro Solís en procesos de la Operación Colombo fueron confirmadas este año por la Corte de Apelaciones, pero aun resta el paso por la Suprema. Es el caso del nortino estudiante de ingeniería en minas Julio Flores Pérez, donde el fallo fue de 15 años para Manuel Contreras, y 10 años y un día para Pedro Espinoza (ex jefe de Villa Grimaldi), Maximiliano Ferrer Lima (Brigada Caupolicán de la DINA), Miguel Krassnoff (ex jefe del grupo Halcón) y Marcelo Moren Brito (ex subjefe de Villa Grimaldi).

La otra sentencia confirmada para los criminales de la DINA fue por el secuestro de la asistente social Jacqueline Binfa Contreras. Según informó el poder judicial, se trata de la séptima condena a nivel de Cortes de Apelaciones por casos de violaciones a los derechos humanos, de un total de 58 sentencias a nivel de ese tribunal, desde junio de 2003 a la fecha.

También este año, el ministro Solis dictó dos nuevos fallos. Uno es por el egresado de ingeniería Osvaldo Radrigán, condenando a Contreras a 15 años de cárcel. Sus secuaces, los brigadieres (R) Espinoza y Krassnoff, así como los coroneles (R) Moren Brito y Rolf Wenderoth (del personal directivo de Villa Grimaldi y DINA), junto al suboficial mayor (R)Basclay Zapata (del grupo Halcón) recibieron una pena de diez años y un día cada uno. Wenderoth ya cumplía condena por Manuel Cortez Joo.

Los demás ex oficiales también cumplían condenas por otros casos en el Penal Cordillera, denominado “VIP” por los chilenos más informados, debido a que fue construido exclusivamente para oficiales y cuenta con comodidades y prebendas ausentes del resto de los recintos penales.

El otro fallo elaborado por Solís se refiere al caso del secuestro del técnico electrónico y miembro de la estructura de informaciones del MIR, Marcelo Salinas Eytel, sentenciando a otros 15 años y un día a Manuel Contreras, y al resto de los directivos DINA a diez años y un día.

De igual manera, Solís procesó este año por el secuestro del estudiante de sociología Jaime Robotham a toda la plana mayor de la DINA, a Wenderoth, al coronel (R) Eduardo Lauriani Maturana, a Krassnoff y por primera vez, al detective Valentin Cancino Varas como autores del crimen. También hay fallos de primera instancia por Jorge D’Orival, y Julio Flores Pérez.

Por el secuestro del estudiante Claudio Silva, este juez que es quien más sentencias ha expedido contra los violadores de derechos humanos, procesó a Pedro Espinoza, Basclay Zapata y a la agente Palmira Almuna Guzmán.

Al contrario de algunos de sus pares, este ministro respalda sus resoluciones no sólo en la legislación nacional sino en la doctrina de derechos humanos y los tratados internacionales vigentes. Nunca ha aplicado la prescripción ni la amnistía.

El Ministro Fuentes ha dictado sentencias de primera instancia en los casos de Félix de la Jara, Ofelia Lazo y Sergio Montecinos, en las que ha hecho valer la media prescripción.

Completando el cuadro

También este año, el ministro en visita Víctor Montiglio, que heredó casos investigados inicialmente por el ex Juez Juan Guzmán, encausó a Manuel Contreras junto a la plana mayor de la DINA y procesó a un total de 98 represores, la mayoría suboficiales en retiro, que participaban en los grupos operativos o en los centros clandestinos de detención y tortura.

Entre los oficiales de ejército (R) procesados están Raúl Iturriaga Neumann (general, jefe del Departamento Exterior de la DINA, que en 2007 huyó durante 55 días al ser confirmada su condena por el secuestro de Dagoberto San Martín. El ministro Solís lo condenó recientemente a 15 años por el homicidio del General Prats y su esposa).

También fueron procesados Miguel Krassnoff Martchenko (jefe de la Brigada Halcón), Fernando Lauriani Maturana, Marcelo Moren Brito (coronel, jefe de Villa Grimaldi) Pedro Espinoza Bravo (coronel, ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (General, jefe de la Brigada Metropolitana de la DINA y segundo hombre de Contreras), Manuel Carevic Cubillos (brigadier, subjefe de la Brigada Purén, implicado en otro proceso por muerte del cabo Rodolfo González); Maximiliano Ferrer Lima (coronel, Brigada Caupolicán), Gerardo Urrich González (mayor, jefe Brigada Purén, cumple condena por secuestro de Dagoberto San Martín) y el oficial Sergio Castillo González.

Se revocó el procesamiento de Jorge Andrade Gómez (coronel, Grupo Aguila de Grimaldi y Brigada Azul de la CNI, condenado ya a cinco años y un día por el homicidio de Paulina Aguirre) porque su destinación a la DINA habría sido posterior a 1976.

El grupo de de encausados incluye a Eduardo Guerra Guajardo y Raúl Toro Montes (conscriptos y empleados civiles DINA), y los suboficiales Carlos Bermúdez Méndez, José Fuentes Torres, Jaime Paris Ramos, Víctor San Martín Jiménez.

Además están encausados siete suboficiales integrantes de la Brigada Lautaro: Hiro Alvarez Vega, Víctor Manuel Alvarez Droguett; Alfonso “Elefante” Piña Garrido, Eduardo Reyes Lagos, Carlos Rinaldi Suazo, Orlando Torrejón Gatica, y Jorge Venegas Silva. Fueron encausados asimismo Gustavo Apablaza Meneses (Inteligencia Exterior de la DINA/CNI), Máximo Aliaga Soto, Pedro Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Concha Orellana, Rodolfo Concha Rodríguez; Hugo Clavería Leiva, Juan Escobar Valenzuela y Carlos Letelier Verdugo (los tres últimos, conscriptos y empleados civiles DINA/CNI); Carlos Miranda Meza, Víctor Manuel Molina Astete, Luis Mora Cerda, Nelson Paz Bustamante, Alfonso Quiroz Quintana (conscripto, empleado civil DINA), Raúl Soto Pérez, Juan Suárez Delgado (suboficiales todos), Rosa Ramos Hernández (agente DINA Villa Grimaldi); Luis Torres Méndez y Basclay Zapata.

El procesamiento del ex conscripto Samuel Fuenzalida Devia constituyó una señal preocupante para sectores del movimiento de derechos humanos, pues se trata de un ex guardia que desertó tempranamente, salió del país para salvar su vida y en Alemania entregó importante información sobre el funcionamiento de la DINA en el proceso contra Colonia Dignidad a organismos como Amnistía Internacional y en el juicio respectivo que se realizó allí.

Posteriormente regresó a Chile y ha declarado en muchos procesos por desaparecidos. Fue denegado el recurso de amparo en su favor interpuesto por el pastor luterano Helmut Frenz.

Los procesados miembros de la policía de Investigaciones, todos de la DINA, son Eugenio Fieldhouse Chávez (Subprefecto, Subjefe del centro clandestino de detención Villa Grimaldi), Daniel Cancino Varas (Subprefecto), Risiere del Prado Altez España y Hugo Hernández (inspectores, este último operó en el centro clandestino de detención y tortura Venda Sexy), Herman Alfaro Mundaca (Comisario), Juan Urbina Cáceres (prefecto), Manuel Rivas Díaz (subcomisario), y Osvaldo Castillo Arellano.

Los carabineros procesados

Los siguientes son los oficiales y suboficiales de carabineros (R) procesados:

Gerardo Godoy García (coronel, jefe Grupo Tucán), Ciro Torré Sáez (coronel, jefe casa de Torturas Domingo Cañas 1367), Ricardo Lawrence Mires (coronel, “Cachete”, de Brigada Halcón; Londres 38, ya procesado por calle Conferencia), Luis Zúñiga Ovalle (coronel); el suboficial Alejandro Molina Cisternas ('El Choco ya condenado en primera instancia por el secuestro de Mario Carrasco, uno de los 119, después fue miembro de la Brigada Verde de la CNI) y está involucrado en los asesinatos de Lisandro Sandoval Torres (1981) y de Patricio Sobarzo, Enzo Muñoz Arévalo, Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia (en 1984)); José Aravena Ruiz (sargento, Brigada Caupolicán); Heriberto del Carmen Acevedo, Sergio Castro Andrade, José Fritz Esparza, Héctor Lira Aravena , Manuel Montré Méndez, Claudio Orellana de la Pinta, José Ojeda Obando, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardia Monge, Camilo Torres Negrier, Luis Urrutia Acuña, Héctor Valdebenito Araya, (todos ellos de la Brigada Lautaro); Pedro Alfaro Fernández, Manuel Avendaño González, Armando Cofré Correa, Gustavo Caruman Soto, Juan Duarte Gallegos, Héctor Flores Vergara, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Julio Hoyos Zegarra (suboficiales), Guillermo Inostroza Lagos, Nelson Iturriaga Cortés, Eduardo Jaime Astorga, Arnoldo Jara Brevis, Gerardo Meza Acuña, José Mora Diocares, José Muñoz Lea y Jerónimo Neira Méndez (sargentos), Nelson Ortiz Vignolo, Sylvia Oyarce Pinto (suboficial), Claudio Pacheco Fernández (suboficial), Fernando Roa Montaña (sargento segundo), José Manuel Sarmiento Sotelo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Luis Villarroel Gutiérrez. Y el civil Luis Eduardo Ortiz Farías.

Los miembros de la Fuerza Aérea procesados son Delia Gajardo Cortés y Germán Avalos Muñoz (empleados civiles DINA). De la Armada, fue encausada la agente DINA Teresa Navarro Osorio (suboficial). Por Gendarmería, lo está el mayor (R) Orlando Manzo Durán (ex jefe del campo de concentración de Cuatro Alamos).

Sin embargo ya están en libertad condicional (desde junio) todos los procesados -la mayoría- que no se encontraban en prisión por causas anteriores, lo que generó frustración en los familiares y en los defensores de los derechos humanos.

La cantidad de procesamientos del Ministro Montiglio rompió el cerco comunicacional que normalmente existe sobre los temas de derechos humanos. El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos en este montaje de la dictadura, valoró en la oportunidad este avance, pero la organización sostuvo: “Corresponde que se persiga la responsabilidad de aquellos civiles que planificaron el montaje comunicacional de las listas de los 119 o que coadyuvaron con su implementación.

No puede castigarse al sicario y no a su asociado en el delito. Reivindicamos el compromiso y el proyecto encarnado por estos 119 compañeros, nuestros familiares, y por todos quienes fueron reprimidos por la Dictadura. Para refundar este país bajo los principios y el modelo neoliberal, la Dictadura Militar implementó estos brutales métodos represivos contra nuestros familiares y creó estructuras que hoy violan los DDHH de nuestro pueblo. Para restablecer la soberanía popular y reconstruir la esperanza de otro Chile seguiremos buscando más justicia en los tribunales y en las calles.”

Por su parte, el ex juez Juan Guzmán el 2 de septiembre de 2004 había encargado reos a Contreras, los miembros de la DINA y los agentes Basclay Zapata y Osvaldo Romo (que murió en prisión) por el secuestro calificado de 16 caídos en la Operación Colombo. El procesó a Conrado Pacheco, a Manuel Carevic; a Francisco Ferrer Lima y los tenientes Ricardo Lawrence, y Gerardo Godoy, así como a Gerardo Urrich, al brigadier (r) Fernando Lauriani, y al general (R) Raúl Iturriaga,

Los “pingüinos” de ayer

Muchos de los 119 eran estudiantes o profesores o habían dejado su quehacer para dedicarse a las tareas de organización de la resistencia. Pero antes de su detención habían sido (o eran) profesores, como Arturo Barría, quien daba clases en el Liceo Darío Salas, donde ahora estudia Música Sepúlveda, la alumna que limpió con agua pura la cara de la ministra de Educación chilena, exigiendo que se escuche a los jóvenes. María Elena González había sido directora de una escuela rural.

Seis de los caídos en 1974 eran ex alumnos del Liceo Experimental Manuel de Salas -María Inés Alvarado, Martín Elgueta, Luis Fuentes, Jaime Robotham, Jaime Buzio y Edwin van Yurick- y había un alumno del Instituto Nacional (Mauricio Jorquera) y una ex alumna del Liceo 7 (Bárbara Uribe).

Cuatro de los 119 fueron detenidos cuando eran todavía estudiantes secundarios, dos de ellos en el Instituto Comercial Nº 2 (Alejandro Espejo y Mario Carrasco) y Jorge Antonio Herrera en el Liceo 6 de San Miguel, que en el tiempo del presidente Salvador Allende se llamaba Liceo Che Guevara.

Había dos sastres, Miguel Angel Sandoval y Pedro Merino, y dos concertistas: Patricia Peña (piano) y Luis Jaime Palominos (corno francés). Otros eran mecánicos, veterinarios, ingenieros, ingenieros, topógrafos, albañiles. Eugenia Martínez era obrera textil y vivía en La Legua. Varios eran periodistas, mecánicos, secretarias, vendedoras, empleados públicos, arquitectos, técnicos agrícolas, o jardineros.

La lista incluía un ex detective, Teobaldo Tello, una empleada del Registro Civil, Mónica Llanca, y una de la Policía de Investigaciones, Sonia Bustos, que trabajaban en la red de resistencia proveyendo información y materiales para confeccionar cédulas de identidad en los talleres clandestinos.

En el grupo, 102 detenidos tenían ente 18 y 30 años, y 13 de ellos estaban entre los 30 y los 40. La mayoría militaba en el MIR pero también había socialistas, comunistas, mapucistas e independientes. Entre todos tenían 84 hijos al momento de su detención, y venían otros 13 niños en camino. Muchos habían sido dirigentes estudiantiles, sindicales o poblacionales antes de 1973.

Cuarenta y tres de ellos fueron alumnos/docentes o titulados de la Universidad de Chile, entre ellos Francisco Aedo, destacado arquitecto socialista/mirista y académico de esa casa de estudios, que ya estaba jubilado. Diez eran egresados de la actual Universidad de Santiago, que antes se llamaba Universidad Técnica del Estado, y nueve lo eran de Concepción.

Sólo tres eran de la Universidad Católica, entre ellos la actriz Carmen Bueno (“A la Sombra del Sol” y “La Tierra Prometida”), que estudió en la escuela de Arte y Comunicación y era pareja de Jorge Müller, camarógrafo de La Batalla de Chile, desaparecido como ella. Mario Calderón, periodista, era de Valparaíso.

Violeta Löpez actuaba en el grupo de Teatro de Ferrocarriles y después del golpe trabajó en Cecinas Loewer como obrera. Jacqueline Drouilly estaba embarazada y nunca se supo qué ocurrió con su hijo. Varios eran santiaguinos, de barrios ubicados en Ñuñoa/Peñalolén, en la Villa Francia, en la población José María Caro.

Pero otros habían llegado a la capital eludiendo la represión desde Temuco, Valdivia, o Concepción. Algunos eran nortinos como los hermanos Andrónicos Antequera, en cuyo hogar se hicieron las primeras experiencias de fabricación de una radioemisora clandestina.

Dos de los desaparecidos - Miguel Angel Pizarro Meniconi y Rodrigo Ugas - tuvieron hijos póstumos mellizos. Los hijos de Manuel Cortez Joo, Luis Guajardo y Washington Cid nacieron en prisión. Sus madres sobrevivieron.

Los procesamientos del Ministro Montiglio se refieren a los secuestros de Francisco Aedo Carrasco, los hermanos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Cecilia Castro Salvadores, Alejandro Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Mario Calderón Tapia, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Gilberto Urbina Chamorro, Miguel Angel Acuña Castillo, María Angélica Andreoli Bravo, Rubén Arroyo Padilla, Arturo Barría Araneda, Francisco Bravo Núñez, Carmen Bueno Cifuentes, Juan Chacón Olivares, Darío Chávez Lobos, Washington Cid Urrutia, Bernardo de Castro López, Luis Durán Rivas, Héctor Garay Hermosilla, María Cristina López Stewart, Zacarías Machuca Muñoz, Jorge Olivares Graindorge, Vicente Palominos Benítez, Juan Carlos Perelman Ide, Carlos Pérez Vargas, Asrael Retamales Briceño, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Enrique Toro Romero, Rodrigo Ugas Morales, Eduardo Ziede Gómez, y Héctor Cayetano Zúñiga Tapia.

La voz de una hija

En abril de 2008, en un acto de homenaje realizado en la Facultad de Filosofía de la U de Chile, Natalia, hija de Alfonso Chanfreau expresaba (en párrafos editados de su intervención): “hasta el día de hoy debemos enfrentarnos a una sociedad que funciona como si esto no hubiese pasado. Son contados con los dedos de una mano los lugares identificados como sitios de memoria.

¿Cuántas casas de tortura han sido oficialmente entregadas, tal vez simplemente con una plaquita que diga: aquí se torturó? donde se visibilice no sólo el horror sino también a sus víctimas, en todas sus dimensiones….

Uno logra moverse por el mundo con una cierta normalidad hasta que el peso real de la desaparición cae nuevamente sobre nuestros cuerpos y nos hace pedacitos, y nos volvemos a preguntar como manejar tanto dolor, como manejar tanta impunidad cotidiana. Pero finalmente logramos salir nuevamente a flote...

Les puedo contar que mi papá era lindo…de una voz particular, alto, estudioso militante, hijo regalón, compañero… Chile entero ha sido y seguirá estando marcado por lo que fue la dictadura y estos años de impunidad, en la vida de mis hijos y en la de todos los que crecerán en este país. El juicio que esperamos en Francia es un tremendo llamado de atención respecto de lo que pasa aquí en Chile.

No puede ser que las condenas sean tan bajas, que los juicios se alarguen por años y años sin avances significativos para la mayoría, no puede ser que este país se haga el sordo y ciego frente a lo ello. Esto es un llamado de atención a cada uno de nosotros a no bajar la guardia, a no olvidar. ¡Verdad y Justicia ahora, no a medias, no por partes, sino toda, nada más ni nada menos!”

Lucía Sepúlveda Ruiz

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Justo y necesario gritar contra el secuestro y reclamar libertad. Pueden ser los primeros pasos para adquirir conciencia civil, para armarse con un bagaje que permita luchar por los derechos, por la dignidad y contra cualquier colonialismo.

Contra las imposiciones y el pensamiento único. Contra la falta de respeto por el adversario ideológico. No sé si las marchas, que a veces dan la impresión de propaganda oficial, de camuflaje de intereses privados, estén abriendo un camino hacia la protesta por asuntos también fundamentales.

De ser así, estaríamos rompiendo con esa resignada tendencia de aceptar todos los males, de ser irreflexivos ante el poder, de ser el permanente 'rebaño desconcertado'. ¿Acaso las marchas del 20 de julio serán el comienzo de una sociedad plural, capaz de indignarse contra todos los atropellos?, ¿serán acaso el principio de la aplicación de la razón?

¿O tal vez son más una respuesta visceral a una convocatoria mediática? Es posible también que se reduzca a las palabras de un figurín de farándula que cree que libertad de expresión es poder decir 'la chimba' e 'hijueputa'.

Esperemos que sea el principio de una transformación mental, que trascienda la telenovelería y la 'cultura' del espectáculo para erigirse en una expresión de exigencias, de reflexiones, y no se quede entonces en el consumo de camisetas y banderines, en la promoción de discos y discursos oficiales. En la masificación. En la adulación del príncipe.

Porque ahora hacen falta marchas contra las inequidades e injusticias. Cómo no empezar a convocar manifestaciones contra la inseguridad alimentaria. Cómo callarse ante el horror que produce un país en el cual hay niños que mueren de hambre, tanto que hasta en los noticiarios tienen que mostrar tal calamidad. Cómo no empezar a marchar contra el progresivo exterminio de sindicalistas, que ha convertido a Colombia en un país de intolerancia y exclusión.

Va siendo hora de programar las marchas para que a los cuatro millones de desplazados les devuelvan sus parcelas, les restituyan su patria, les curen los males del desarraigo; para que puedan volver a tener conciencia de su territorio y de la cultura que les despojaron.

Es hora de preparar las repulsas para que haya una salida política y negociada al conflicto interno armado, que azota al país desde hace más de cuatro décadas, y para que se ataquen las causas del mismo, como son, entre otras, la injusticia social y otras miserias.

Colombia, la de la crisis humanitaria; Colombia, la de mayoría de pobres e indigentes; Colombia, la que tiene el récord en el continente de violación de derechos humanos y es segunda en el mundo en desplazamiento forzado interno, tiene que ir organizando las demostraciones contra tales desafueros y desgracias. Parece que llega la hora de reclamar para que a los obreros no se les violen sus convenciones colectivas, para que se les respete su dignidad (recordar casos como el de Coltejer).

El ejemplo de las marchas contra el secuestro debe extenderse a las exigencias para que haya empleo y educación y salud para todos. Para que los niños puedan crecer en un país libre, que les garantice el derecho a la imaginación y al pan. Y a tener una infancia -una patria- sin desventuras.

Comencemos a desobedecer.

Reinaldo Spitaletta

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Según la activista, el procurador general quiere crear nuevas reglas judiciales para los detenidos en la base naval de Guantánamo, territorio ocupado ilegalmente al sureste de Cuba.

Para Fredrickson, esa acción “minaría la garantía constitucional de proceso debido y ocultaría la tortura sistemática y el abuso a los reclusos”.

El secretario de Justicia trata de extender de forma indefinida la autoproclamada guerra contra el terrorismo, agregó.

Fredrickson recordó que en varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia determinó que esos detenidos tienen derecho a acudir a cortes civiles para analizar sus casos.

Sin embargo, la Casa Blanca hasta el momento rechazó esa posibilidad y por el contrario creó las llamadas comisiones militares para juzgar a esas personas.

El diario The Washington Post destacó que de aprobarse la propuesta de Mukasey, el gobierno podría mantener prisioneros sin límite de tiempo, aunque no sean procesados.

Pero la iniciativa encuentra rechazo entre numerosos legisladores, en especial demócratas.

El senador Russ Feingold afirmó que los tribunales federales son capaces de manejar esos casos al tiempo que criticó al Ejecutivo por retardar los juicios.

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Por sustraer mercancía por valor de 1.40 dólares Angélica pasó en la cárcel la Navidad, el Año Nuevo y el Carnaval, pues el Tribunal de Justicia de São Paulo, al analizar el pedido de la defensa de la doméstica, no le hizo mucho caso. Angélica fue liberada el 23 de marzo, más de cuatro meses después, gracias a un oficio del ministro Paulo Gallotti, del Tribunal Superior de Justicia, en Brasilia.

El Brasil y su Justicia parecen estar cabeza abajo. Hay una inversión total de valores y de criterios. Un publicista acaba de dirigirse al público declarando haber recibido, vía segunda caja, más de 3 millones de dólares en una cuenta clandestina en el exterior, y por eso mismo queda protegido por derechos que le fueron garantizados por el TSJ, reaccionando con mofa a las preguntas de los parlamentarios encargados de investigar corrupciones.

Un publicista de Minas Gerais hizo préstamos multimillonarios al tesorero de un partido político, sin revelar el origen de los recursos, pero que iban destinados al soborno de diputados federales, y quedó igual.

Un diputado federal, cesado después de ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, estafó por $ 3 mil al propietario de un restaurante y nadie dio la orden de encarcelamiento.

Un alto funcionario de Correos es filmado embolsando una propina por valor de $ 1,400, nadie llama a la policía y él sigue libre, prueba viva de que los delitos de cuello blanco obtienen la complicidad de sectores de la Justicia.

¿Cuántos políticos, banqueros y empresarios procesados por desvíos de recursos públicos devolvieron lo que robaron? ¿Quién castiga los gastos exorbitantes de un rector de universidad de Brasilia, los desvíos de recursos del BNDES, los chanchullos en las privatizaciones durante el gobierno de Cardoso?

Queda la impresión de que bajo tanta corrupción hay una extensa red de complicidad. Los tiburones no son castigados para evitar que entreguen a otros tiburones a la Justicia. En este país basta con tener dinero, buenos abogados y relaciones en las instancias de poder para tener asegurada la impunidad. Mientras que los pobres, sólo por simples sospechas sufren torturas o reciben plomo antes de ser interrogados o investigados.

Los pececitos como Angélica quedan por meses en la cárcel a causa de un dólar con 40 centavos. Los tiburones, inmunes e impunes, son la prueba viva de que el crimen compensa -de hecho y de derecho- desde que el asalto logre obtener valores millonarios. Con preferencia dinero de las arcas públicas.

Vale el proverbio: "Quien roba 1 real es ladrón, quien roba 1 millón es barón".

Las estadísticas comprueban que la policía del gobernador Sergio Cabral, de Rio de Janeiro, mató este año más gentes que los crímenes cometidos en São Paulo por los delincuentes. ¿Quién corta la mano asesina del Estado?

En Brasil cuando la policía para a una persona pudiente, la pregunta es: "¿Sabe usted con quién está hablando?". En otros países es el policía quien pregunta: "¿Quién se cree usted que es?"

Cuando estuve en Inglaterra, en los años 80, vi por el canal estatal de tv BBC al sobrino de la reina Elisabeth II que era llevado a juicio. Parado por una patrulla de carretera, se constató que iba manejando bajo efectos del alcohol. Le retiraron el carnet por seis meses. Dos meses después fue parado por otra patrulla. Le pidieron la licencia. No la tenía. Entonces apeló al estilo brasileño: "¿Sabe con quién está hablando? Soy el príncipe fulano". El policía insistió en ver sus documentos.

El joven le armó un escándalo. Entonces el policía le dijo: "Uno de nosotros dos está equivocado. Usted queda preso y será la Justicia quien diga quién tiene razón".

Pasado por televisión a todo el país, el príncipe se vio obligado por el juez a pedir disculpas al policía y tuvo retirada su licencia por cinco años.

Así se hace ciudadanía.

Frei Betto

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Como estaba seguro de tener mayoría en ambas cámaras del Congreso y no le atribuía ningún papel a éste –la asignación y distribución de fondos públicos había sido delegada al Ejecutivo y éste gobernaba emitiendo decretos–, Kirchner ni pensó en que el Congreso podría ser obligado a dirimir una cuestión política importante.

Ya en el gobierno su esposa Cristina Fernández, Kirchner intentó controlar a su partido y dejó a su suerte a esos “transversales” K socialistas o radicales expulsados, como el vicepresidente Cobos. Pero para disputarle el Partido Justicialista se coaligaron todas las derechas peronistas.

La cosa no era muy grave, aunque el ex presidente Duhalde se apoya en un tejido mafioso (policía, droga, clientelismo político) en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de San Luis tiene una fuerte base clientelar al igual que el de Córdoba y los ex gobernadores menemistas mantienen sus aparatos policiales.

El antiperonismo visceral de radicales, socialistas y conservadores de todo tipo que integraban la oposición impedía la unión entre ambos sectores, y Kirchner creyó poder contrabalancear al grueso de la derecha de su partido con otra parte de esa derecha, o sea, con dirigentes sindicales burocráticos y corrompidos de la Confederación General del Trabajo, cooptando a parte de los líderes de la Central de Trabajadores Argentinos y de los grupos piqueteros.

Mientras, para aumentar las exportaciones fomentó el cultivo de soya, que se cuadruplicó durante su mandato, y dio toda clase de apoyos y facilidades a los grandes exportadores de granos y al capital financiero.

Trató también de mantener caro el dólar para favorecer las exportaciones argentinas y, con fondos estatales, subsidió transportes, combustibles, servicios públicos y hasta grandes supermercados para mantener bajos los precios.

Su política económica buscaba utilizar los ingresos provenientes de las exportaciones y de los impuestos para subsidiar y desarrollar la industria e impedir la subida de los salarios reales con el propósito de aumentar las ganancias de los industriales, confiando en que las tasas chinas de crecimiento económico permitirían seguir reduciendo la desocupación (cercana a 10 por ciento) y ampliar el mercado interno.

Pero su esposa asumió el poder cuando comenzaba el periodo de las vacas flacas –caída del dólar a escala mundial, grave situación económica en Estados Unidos, aumento enorme del precio de combustibles y, por ende, de fertilizantes y plaguicidas, inflación importada–, que hace cada vez más difícil mantener esa política.

Para obtener más ingresos, Cristina Fernández pensó en un gravamen a las ganancias extraordinarias de los exportadores de soya que, de paso, redujese la tendencia a abandonar los cultivos alimentarios y la ganadería, con el consiguiente aumento de los precios al consumo.

La medida era necesaria y justa, pues el Estado tiene derecho y obligación de impedir que los precios del mercado internacional determinen los precios internos al consumo y de evitar que se extienda el monocultivo de una forrajera que daña los suelos y en su avance elimina alimentos, vacas, campesinos, pueblos, bosques.

Pero la resolución fue adoptada con torpeza, ignorancia y prepotencia, sin consultas previas y sin prever consecuencias. Además, según la Constitución, es el Parlamento el que debe determinar los impuestos y no el Poder Ejecutivo.

La imposición del mismo gravamen para productores grandes y pequeños, para quienes producen en tierras buenas y cerca de los puertos, con altos rendimientos, y quienes lo hacen en tierras marginales, unió, detrás de los especuladores del gran capital y de los grandes terratenientes y exportadores, a pequeños productores, arrendatarios y rentistas, que se convirtieron en masa de maniobra política de aquéllos.

Detrás de pequeños y grandes capitalistas rurales se alinearon de inmediato las clases medias de los pueblos y a ellas se sumaron la oposición visceralmente racista y antiperonista que grita contra el gobierno”de los negros y los vagos” y la derecha peronista.

El kirchnerismo logró así unificar el antisolidarismo y el conservadurismo con la reacción y el racismo. Agregando la soberbia a la torpeza esperó además 90 días de cortes de rutas y desabastecimiento en las ciudades para inventar una motivación para esta justa retención de la ganancia extraordinaria de los soyeros y dejó pasar cien antes de dejar la aprobación de su proyecto al Parlamento, como correspondía desde el primer día.

En las Cámaras pagó también el precio de su autoritarismo pues, por no haber sido escuchados, consultados ni convencidos, diputados y senadores peronistas votaron junto con la oposición y por los grandes grupos cerealeros. Para colmo, los radicales y socialistas K, y entre ellos el vicepresidente Cobos, cuando sugirieron modificar la medida para separar a los pequeños productores de monopolistas y desmontar la protesta fueron vapuleados y marginados.

En la discusión parlamentaria, naturalmente, se diferenciaron del gobierno y el voto del vicepresidente y presidente del Senado, Julio Cobos, fue decisivo para enterrar no sólo el gravamen sino también la entera política del gobierno. Ahora la derecha está unida, a la ofensiva y encontró el candidato a presidente que le faltaba nada menos que en el vice de Cristina Fernández. El partido transversal también pasó a mejor vida y Kirchner deberá defender su mayoría en el partido peronista.

El gobierno está desprestigiado y ha perdido su mayoría absoluta en ambas Cámaras y el Parlamento ha comenzado a funcionar y le exigirá que explique por qué no tomó medidas contra los grandes exportadores que defraudaron más de mil 200 millones de dólares al fisco y robaron a arrendatarios.

La economía ha recibido un gran golpe y los subsidios no podrán ser tan cuantiosos como hasta ahora. El barco argentino acaba de entrar sin timonel en un mar agitado y lleno de escollos.

Guillermo Almeyra

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¿Hola?, necesito hablar con el viceministro Puente por favor. La decena de intentos no dieron resultado y el segundo del Ministerio de Gobierno no pudo ser hallado por el desesperado funcionario.

¡No, no puede ser. Yo necesito trabajar, ayudo a muchos de mi familia. Esta es una injusticia!, le dijo afligido el mismo funcionario a la Directora de Migración que a principios de febrero de 2006 se hizo de esa institución pública.

José Luís Miranda Butrón había sido despedido luego de trabajar cerca de 10 años ininterrumpidos en el área de sistemas de la Dirección Nacional de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno.

El arrebato del funcionario, que oficialmente ocupaba una función sin mayor jerarquía en una estrecha oficina de cuatro por cuatro y compartida con otras tres personas, no tenía relación alguna con el temor al desempleo y a perder una cantidad de ingresos, estimados en ese momento en 250 dólares mensuales.

La preocupación de Miranda, que luego se traduciría en la puesta en marcha de un plan que lo sacó de circulación en Bolivia, se debía a que el entonces viceministro Rafael Puente, tras recolectar una cantidad suficiente de información y evidencias, había descubierto a uno de los agentes de inteligencia de la embajada de los Estados Unidos.

Lo que sigue, no es una ficción. Es la historia de un agente de la CIA que “muerto” en Bolivia, en marzo de 2006, está vivito y coleando en Costa Rica.

Su reclutamiento

Miranda, que acaba de egresar como ingeniero de sistemas, aunque existen sospechas sobre si obtuvo una profesión, siempre se destacó por su osadía en emprender aventuras y aceptar desafíos que le permitiesen ganar plata, satisfacer placeres y mantener a su familia.

A mediados de los 80, cuando Bolivia era escenario de aplicación del modelo neoliberal que había abierto las puertas para el proceso de privatización de las empresas y minado la resistencia obrera, Miranda, todavía joven, fue reclutado por un amigo como informante para el Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), un organismo policial que desde el ex mercado de Flores, entre las calles Colón y Comercio, planificaba y mandaba a ejecutar operativos políticos.

El CEIP fue especialmente activo a finales de los 80 y principios de los 90, cuando a la escena política irrumpieron grupos que alentaban la lucha armada: el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos organizaciones que desarrollaron acciones de propaganda armada durante el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora.

Adquirió particular relieve político la aparición de la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), una de las células del ELN que se había bautizado con el nombre del joven cristiano que murió en la guerrilla de Teoponte, la segunda experiencia guerrillera que siguió al Ñancahuazú de los 60, cuando el Che fue asesinado en Bolivia por instrucciones de la CIA. Néstor era hermano de Jaime Paz Zamora, quien en 1989 asumió la conducción del país tras un acuerdo con el ex dictador Hugo Banzer Suárez y a pesar de haberse ubicado tercero en las elecciones.

El trabajo de acumulación de indicios, datos y pruebas contra los grupos rebeldes que se encontraban en su fase primigenia contó con la colaboración activa del joven ingeniero, quien contaba, entre otras cosas, con una habilidad para hacer fácilmente amistades en los círculos de izquierda.

Bueno, en ese entonces, tras haber dado sus primeras pruebas de lealtad, la viveza criolla y su ambición de llegar lo más lejos posible colocaron a Miranda en la atenta mirada del Coronel “Negro” Linares, quien además de manejar y coordinar a la comunidad de inteligencia, después de desbaratar al CNPZ y EGTK, dependía directamente de las instrucciones del responsable de seguridad de la embajada de los Estados Unidos.

El ingeniero trabajó oficialmente como programador del CEIP y de COPES varios años, entre otros bajo órdenes también del coronel Julio Baldivieso y de Freddy Zabala que sustituyó a Linares en la dirección de inteligencia. Nadie tenía quejas de su desempeño y más bien Miranda se destacaba por su eficiencia.

El ingeniero en sistemas fue, de esta manera, reclutado por la Central de Inteligencia Americana (CIA). Su trabajo en el CEIP se orientó a temas relacionados con la informática, como instrumento de acumulación de inteligencia y seguimiento político de la oposición. Pero esta vez, llegaría a saber el audaz agente boliviano, su relación sería con la agencia más grande y poderosa del mundo.

A sus habituales tareas en el CEIP se añadieron varias, directamente vinculadas a los servicios secretos estadounidenses, como el de desempeñar el papel de “cajero” de otros agentes locales a los que, también reclutados por la CIA, les entregaba personalmente dinero. Algunos lo recibían circunstancialmente cuando le entregaban alguna información considerada valiosa para EEUU, y a otros una especie de plus al sueldo percibido.

Pero además, Miranda se convirtió en un “palo blanco” de las inversiones realizadas por la CIA en La Paz. En sus años de trabajo con la agencia estadounidense puso a su nombre motocicletas, vehículos e inmuebles, según se llegaría a saber meses atrás. Varios de esos motorizados se encontraban en poder de funcionarios de la embajada de Estados Unidos y de ODEP, la fachada con la que aún en el gobierno de Evo Morales continuó operando la agencia estadounidense en Bolivia y que poco antes del cambio de gobierno, en enero de 2006, tenía el nombre de COPES.

Uno de los vehículos marca X-trail, color blanco, con placa 1159XCC, estaba siendo conducido por el ex Comandante General de la Policía, José Pimentel, y del que tenía conocimiento, según se pudo indagar, la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, quien le habría expresado su protesta al entonces máximo jefe policial.

La investigación conduce a pensar que el mayor Yuri Tapia fue quien le entregó el vehículo a Pimentel, quien al mismo tiempo tenía conocimiento de que motorizados como esos representaban un aporte de la embajada de Estados Unidos al trabajo de los grupos de inteligencia de la CIA.

Volvamos a Miranda. Al ingeniero le quedaba chico su trabajo en el CEIP y por recomendaciones de la embajada de Estados Unidos entró a trabajar, en 1993, en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, a la Dirección Nacional de Migración, entonces dirigida por Victoria Baldivieso.

Entró sin mayor ruido. En Migración se dedicó a construir un sistema informático y una base de datos que además de brindar al gobierno una herramienta eficiente para el control migratorio, le permitía canalizar información de primera mano a la CIA sobre las entradas y salidas de los políticos y dirigentes sociales bolivianos, incluso del partido de gobierno.

Y, como era obvio, entre sus favoritos se encontraba el entonces dirigente de los productores de coca, Evo Morales, y otros dirigentes de partidos de izquierda, de quienes no solo se tenía información respecto de los países que viajaban sino también de otros países a los que visitaban aprovechando su primer destino, pero también de activistas, políticos e intelectuales de otros países que visitaban Bolivia.

Algunos dirigentes de izquierda que asisten a seminarios organizados por un partido de idéntica ideología en México expresaron tener fundadas sospechas de que la seguridad mexicana, en la segunda mitad de los 90, ya tenía conocimiento de su viaje a ese país norteamericano a partir de una información originada en Bolivia.

Miranda no tenía límites. A finales de los 90 alquiló un departamento en la zona sureña de Irpavi, frente a la embajada de Cuba, para hacer un seguimiento a las actividades de los funcionarios diplomáticos de ese país, según se llegó a saber a mediados de 2006. Se desconoce si vivía ahí o visitaba frecuentemente el lugar.

Aunque no registra movimiento migratorio, el nuevo programador de Migración realizó varios cursos de entrenamiento en los Estados Unidos y no solo de los relacionados con su actividad.

Fingiendo su muerte

Como se mencionó al principio de esta historia, Miranda fue despedido de Migración en los primeros meses del gobierno de Evo Morales por la información que lo conducía e involucraba con la CIA.

Pero no se fue sin hacer nada. Con la experiencia acumulada en su actividad de inteligencia, el ingeniero de sistemas, siempre bien vestido, el cabello recortado y el rostro bien afeitado, lo cual le daba una presencia impecable y con lo que se ganaba confianza, destruyó la base de datos que Migración estaba aun en plena reconstrucción a fines del año pasado.

Al verse descubierto por gente vinculada al actual gobierno y policías que confirmaron su relación con la CIA, Miranda se comunicó con sus amigos de la embajada de los Estados Unidos y juntos planificaron una salida, según destaca la información que se tiene.

Debidamente asesorado y respaldado, Miranda fingió su propia muerte. Puso en marcha el plan a mediados de marzo de 2006. El aviso necrológico fue publicado en El Diario el martes 14 de ese mes convocando a su velorio en la Funeraria Valdivia y a su entierro para el miércoles 15 a las 16 horas.

El velorio y el entierro no se produjeron nunca, ni mucho menos existe un contrato de prestación de servicios velatorios de la Funeraria Valdivia o de entierro con el Cementerio General. Por las dudas, tampoco en ninguno de los cementerios privados de La Paz.

Pero las cosas no le salieron como esperaba. En primer lugar, no salió del país con la premura que pensaba y, audaz como siempre, se hizo crecer la barba, los bigotes y sustituyó el traje por una vestimenta deportiva.

Amante del fútbol, como aseguran los que lo conocieron en Migración, no eludió la tentación de ir a ver un partido de clásico en La Paz, donde de manera accidental se cruzó con un policía que de inmediato lo reconoció y dio parte a sus superiores. Es más, Miranda respondió al saludo que le hizo el policía a manera de confirmar su identidad. Estaba nuevamente descubierto.

Ahora si había que presionar para que lo sacaran rápido de Bolivia. La CIA estaba de acuerdo por la amplia información de la que disponía Miranda. Su permanencia en el país era explosiva y peligrosa en el hipotético caso de un inmediato accionar del gobierno. La reacción no llegó.

Lo que no se sabe es si el agente de la CIA salió de Bolivia en un vuelo comercial o en una de las naves de la NAS que regularmente trae al país material de trabajo para la embajada de Estados Unidos e incluso cooperación para el país, según se comenta en círculos policiales.

Lo que si se sabe es que Miranda, junto a su familia, primero salió rumbo a los Estados Unidos y después de unos meses, con una nueva identidad, se trasladó a Costa Rica, donde está actualmente. ¿Cuántos Miranda todavía actúan en Bolivia?

Jaime Salvatierra

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